Esta es una de las conclusiones del ‘Informe España derechos humanos y discapacidad 2018’, elaborado por el CERMI con el apoyo de la Obra Social ”la Caixa”, y cuya presentación ha tenido lugar este viernes en la sede del CERMI Estatal.

 

El acto ha contado con la participación del delegado del CERMI de Derechos Humanos, Jesús Martín, y de la directora del Departamento de Colaboraciones con Entidades Sociales del Área Social de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Joana Prats. Todos ellos coincidieron en la necesidad de avanzar en la implementación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

El informe resalta que el derecho a la accesibilidad universal “se conculca de forma sistemática y resulta vergonzante comprobar la falta de respeto a la accesibilidad, elemento esencial para garantizar el disfrute de todos los derechos en condiciones de igualdad para la ciudadanía con discapacidad, vetando incluso fórmulas innovadoras para dotar de recursos que sufraguen las actuaciones en esta materia como la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal”. De hecho, de las 252 denuncias recibidas por el CERMI en 2018, el 10% son sobre accesibilidad universal. 

 

El documento pone de relieve también la vulneración del derecho a la libre circulación de las personas con discapacidad al existir gasolineras sin personal de atención al público o la falta de protección de la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar barreras arquitectónicas en los edificios de viviendas, que hacen que haya personas mayores o con movilidad reducida que no puedan entrar y salir de sus casas.

 

 

El CERMI critica también que durante 2018 se haya mantenido “la falta de compromiso” con la regulación de la figura del asistente personal, convirtiendo el derecho a la vida independiente en “un anhelo lejano e incierto para las personas con discapacidad”.

 

Igualmente, el informe se hace eco de la desprotección de los derechos de la infancia con discapacidad que ha puesto de manifiesto la ONU en ámbitos como no garantizar el derecho a la educación inclusiva.

 

Asimismo, reclama un nuevo marco laboral para personas con discapacidad adaptado a los nuevos tiempos, mientras que urge a hacer frente a la “discriminación sistémica” que sufren las mujeres con discapacidad en el acceso al mercado laboral. De esta forma, señala que “la representación de las mujeres con discapacidad en el mercado de trabajo es alarmantemente baja y existe una brecha salarial respecto a las demás personas”.

 

 

En el apartado de mejoras, el CERMI apunta a los trabajos iniciados en 2017 para reformar el artículo 49 de la Constitución y reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, así como la puesta en marcha de la modificación del Código Civil para pasar de un modelo de sustitución de la capacidad jurídica a otro fundamentado en el apoyo en la toma de decisiones.

 

Además, para el CERMI, “2018 debe recordarse como el año en el que todas las personas con discapacidad, sin excepción, conquistaron el derecho al voto. La aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) permite ahora que el sufragio sea universal. Hasta ahora, 100.000 personas estaban excluidas por sentencia judicial”.

 

Por último, el informe incide en que “las propuestas de mejora y avances producidos durante 2018 provienen en su totalidad de la movilización de la sociedad civil organizada en torno al CERMI y a sus organizaciones miembros, generadores del cambio social y cooperadores críticos, exigentes y beligerantes ante los poderes públicos para que los derechos sociales, civiles y políticos lleguen a toda la ciudadanía con discapacidad”.

 

 

Durante la presentación del informe, Jesús Martín ha puesto en valor que haya entidades como Fundación Bancaria La caixa que sigan apostando por la investigación. Los datos ayudan a hacer un buen diagnóstico y a encaminar adecuadamente las políticas públicas”. Además, ha subrayado que durante los diez años que se lleva realizando este informe anual se ha visto como ha habido avances en la aplicación de la Convención Internacional de la Discapacidad, sobre todo en la Administración General del Estado, “pese a todo lo que queda por hacer”.

 

En este sentido, ha denunciado la mayor discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, situación que empeora cuando confluyen variables como residir en el entorno rural.  Asimismo, ha señalado que “el derecho humano a la vivienda tiene muchas quiebras” en el caso de las personas con discapacidad.

 

Por su parte, Joana Prats ha indicado que “es esencial disponer de información” para avanzar hacia la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, “aunque sean datos que no siempre nos gustan del todo”. Además, ha abogado por tener una “mirada integral” para hacer frente a cuestiones como las carencias en materia de accesibilidad o la discriminación múltiple de las mujeres y niñas con discapacidad.

 

Para finalizar, Prats ha hecho hincapié en la importancia de garantizar el derecho al trabajo, algo por lo que la Fundación Bancaria La Caixa apuesta decididamente con el ‘Programa Incorpora’.